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Senador Araújo considera arbitraria e ilegal inclusión de los terrenos de la Base Naval en el PEMP de Cartagena

Bogotá 15 de abril del 2015

A través de una carta enviada a la Ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, el Senador Fernando Nicolás Araújo le solicita intervenir en la aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección de Cartagena (PEMP) para establecer las acciones necesarias y garantizar la protección, conservación, y sostenibilidad del patrimonio histórico de la ciudad, sin que se use este instrumento para cambiar el uso del suelo correspondiente a los terrenos de la Base Naval.

Entre las razones expuestas por el Senador Fernando Nicolás Araújo se encuentran:

Primero, es arbitrario, peligroso e ilegal la inclusión de los terrenos de la Base Naval de Bocagrande dentro de la zona de influencia de los bienes de interés cultural, por esto, no se debe aprovechar el trámite del PEMP para modificar el uso del suelo de los terrenos de la Base Naval, ya que el instrumento correspondiente es el POT.

Utilizar un 40% de los terrenos de la Base Naval para densificación, equivaldría a 12 hectáreas en Bocagrande, con lo cual, se podrían construir mínimo 850.000 m², lo que requeriría alrededor de 9.000 parqueaderos. Seguido a esto, la capacidad de los servicios públicos con la cual está dotada el sector se encuentra en su límite.  Por otra parte, resulta apremiante y evidente aliviar el gran déficit de áreas verdes en la ciudad que hoy representa solo 1.5% del área total de la zona urbana de la Ciudad.

En este orden de ideas, el Congresista reafirma la posición de aprovechar la totalidad del área de la Base Naval para la creación de un Mega Parque como lo ha sugerido el Consejo intergremial que contempla la construcción de marinas, concesión del puerto de cruceros, centros comerciales, parqueaderos, museos y acuarios, que ampliarían las zonas verdes de la ciudad en un 30%

En el manuscrito, el legislador plantea tres alternativas de financiación:

  1. Utilizar el esquema de traslado de derechos, el cual consiste, en que el Gobierno Nacional mediante decreto reglamente la transferencia de los derechos de propiedad. La Ley 388 de 1997 en su artículo 48.
  1. La venta de áreas para la construcción de marinas, concesión del puerto de cruceros, centros comerciales, parqueaderos, museos y acuarios.
  2. Que se utilicen recursos del tesoro nacional para financiar el traslado de la Base Naval.

“La ciudadanía cartagenera que asciende a más de un millón de habitantes y los dos millones de visitantes anuales, merecen que la ciudad ofrezca nuevas alternativas de recreación y esparcimiento, sabemos que el traslado de la Base Naval es nuestra gran oportunidad para redefinir el desarrollo urbano de Cartagena. Somos conscientes de que el desarrollo urbano genera ingresos y empleos de calidad, pero éste no puede ir en contra de las necesidades humanas y ambientales de la ciudad. Es necesario buscar el sano equilibrio entre desarrollo urbano y conservación ambiental”, concluyó.

Fin del comunicado

 

 

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