Bogotá, 4 de mayo del 2016. En plenaria de Senado, el congresista Fernando Nicolás Araújo, dejó constancia sobre la demanda constitucional accionada por el ex fiscal, Eduardo Montealegre, rechazando que este pretenda elevar a rango de tratado internacional los Acuerdos de La Habana.
Así mismo, el legislador compulsó copia a la Corte Constitucional para que los Honorables Magistrados se declaren inhibidos de revisar esa demanda que “constituiría en un Golpe de Estado al convertir a los acuerdos de impunidad en tratado internacional e incorporarlos en el paquete constitucional”.
A continuación el texto de la constancia:
“Quiero explicarles a los colombianos que la función de los tratados internacionales, aparte de materializar las relaciones entre Estados, define las responsabilidades legales de los Estados respecto a su forma de proceder con otros países en procura de la cooperación pacífica y al trato que brindan a las personas dentro de las fronteras estatales.
Al respecto, las controversias relativas sobre los tratados deben resolverse por medios pacíficos y bajo los términos de la justicia y del derecho internacional. Éste último, limitado a los principios del pacta sunt servanda (“todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”) y de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados.
Ahora bien, la Resolución 339 de 2012 expedida por el Presidente Santos por la cual se autoriza la instalación y desarrollo de la Mesa de Dialogo en La Habana con las FARC-EP es objeto de demanda constitucional, accionada por el Ex-Fiscal Eduardo Montealegre en el proceso constitucional D-11329 que se adelanta ante la Corte Constitucional. La oscura intención de esta demanda, es lograr una interpretación ambiciosa para que el Tribunal garante de la Constitución, eleve a rango de “Tratado Internacional” el Acuerdo que se firme en La Habana entre el Gobierno de Santos y los narco-terroristas de las FARC-EP, evitando con ello la refrendación de los Acuerdos y cualquier otro desarrollo legal que requieran los mismos para su implementación.
Lo que pretende el ex fiscal es el más burdo Golpe de Estado por conducto de la Corte Constitucional para que los colombianos se vean obligados a aceptar si o si el contenido de lo que se pactaré en La Habana entre un Santos con tan solo 13% de favorabilidad y las FARC-EP con el 3% de favorabilidad, dando vía libre a la creación de los mecanismos jurídicos para que las FARC-EP disfrazadas de partido político le den la bienvenida al castro-chavismo a Colombia.
A los Magistrados de la Corte Constitucional, pedirles que se declaren inhibidas para fallar en favor de ese intento golpista a la buena fe de los colombianos. El Congreso de la República, pretor de la Democracia del Estado Social de Derecho, es el único facultado por la Constitución para aprobar o improbar tratados internacionales. En todo caso, ese documento que se firmará en La Habana, carece de la naturaleza jurídica de poder ser considerado por el Derecho Internacional o en el mismo Derecho Interno, como un Tratado Internacional. Las FARC-EP no son sujeto de Derecho Internacional, ni han sido reconocidas con estatus beligerante. Eso sí, son sujeto de responsabilidad penal por los innumerables crímenes cometidos en contra de los colombianos.
A los colombianos, expresarles que el Partido Centro Democrático estará en defensa del Estado Social de Derecho, donde la democracia sea el régimen que nos permitirá lograr la Paz, una Paz sin renunciar a la justicia y sin la entrega de la agenda pública a los quereres de un puñado de delincuentes como lo son las FARC-EP”.
Fin del comunicado